¿MOVILIZACIONES POR LA VIDA Y LA DEMOCRACIA O MARCHAS DEL SILENCIO FRENTE A LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD?
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- mediante comunicado del 25 de mayo condena las graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas en Colombia. Urge al Estado a respetar los más altos estándares en cuanto a la libertad de expresión, uso de la fuerza y debida diligencia, así como a permitir que la CIDH realice una visita de observación al país, honrando su tradición con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Expresa su extrema preocupación por las 51 muertes en el marco de las protestas, las denuncias sobre 132 personas que permanecen desaparecidas, 87 actos de violencia sexual cometidos presuntamente por agentes de la fuerza pública en contra de mujeres manifestantes, aproximadamente 979 civiles heridos, entre ellos, por lo menos 33 con traumas oculares y la utilización de armamentos antidisturbios por parte de la policía que generan impactos indiscriminados como es el caso del lanza cohetes Venon. Rechaza igualmente las expresiones públicas de estigmatización de la protesta social y, especialmente, el hecho de que grupos de civiles armados dispararon indiscriminadamente contra una manifestación compuesta por personas indígenas el 9 de mayo en la ciudad de Cali y la participación de civiles en actos de represión y ataques con armas de fuego en contra de las personas manifestantes. También condena a presuntos grupos que arrojan objetos contundentes contra efectivos de la fuerzas policiales, destruyendo equipamiento público, y provocando afectaciones a la propiedad privada.
Precisamente quienes han patrocinado y protegido a grupos de civiles armados contra los manifestantes son los que vienen promoviendo las autodenominadas “marchas del silencio vestidas de blanco” contra los bloqueos que el gobierno ordenó abrir mediante el uso de la fuerza. Como se ha podido registrar, los organizadores no sólo mantienen el silencio frente a los crímenes de lesa humanidad sino frente a las demandas de las protestas sociales que guardan estrecha relación con los desafíos estructurales que subyacen a la profunda desigualdad social y la violencia histórica en el país, como lo afirma la CIDH.
Con relación a los bloqueos, la Comisión reitera que “es preciso tolerar que las manifestaciones generen cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana, por ejemplo, con relación al tráfico y las actividades comerciales, a fin de no privar de su esencia al derecho de reunión pacífica”. En tal sentido, llama al Estado a “concertar con los manifestantes la creación de corredores que garanticen el ejercicio simultáneo de derechos involucrados y en caso de la situación actual de Colombia “el acceso a alimentos, las garantías del derecho a la salud, así como el aprovisionamiento y despliegue de personal e insumos médicos”.
Dos aspectos a destacar del pronunciamiento de la Comisión. Primero, a los manifestantes les asiste la razón para exigir la realización de una visita de trabajo urgente para contar con todos los elementos que le permitan valorar la situación de derechos humanos de manera objetiva con el fin de formular recomendaciones al Estado.
Segundo, que los bloqueos son legítimos y que es deber del Estado “concertar con los manifestantes la creación de los corredores humanitarios” para el aprovisionamiento de alimentos y el derecho a la salud, “teniendo el uso de la fuerza como último recurso” y no como está ocurriendo en Colombia donde la dispersión de los manifestaciones viola los pactos internacionales sobre Protestas y Derechos Humanos que establecen que “sólo puede permitirse en casos muy excepcionales, mediante una orden expresa y fundamentada en un riesgo grave para la vida o la integridad física de las personas, cuando se haya intentado el diálogo y no fueran posibles otras medidas menos lesivas para proteger esos derechos”.
Es evidente que los manifestantes deben permitir la circulación de insumos y provisiones esenciales, como se viene cumpliendo en diferentes regiones del país. Pero al mismo tiempo, el Estado debe garantizar la satisfacción de las demandas de los manifestantes como la judicialización y sanción a los responsables de los asesinatos y las desapariciones ocurridas durante la militarización de la protesta social; detener el asesinato y las masacres de líderes sociales; Renta Básica de Emergencia para informales y desempleados; cumplimiento de los acuerdos de paz particularmente en lo referente a la sustitución voluntaria de cultivos y en la implementación de proyectos colectivos que mejoren el nivel de vida de las comunidades campesinas y étnicas, basados en la soberanía alimentaria, Programa de generación de empleo para jóvenes, ampliación de la cobertura y financiación de la matrícula a los estudiantes de las universidades públicas y prohibir las actividades extractivas que destruyen los ecosistemas como el fracking, represas y minería a gran escala.
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María Alejandra Ramírez Motta -