Plan de Desarrollo: militarización de la naturaleza.

 

El presidente Duque presentó al Congreso el Plan de Desarrollo 2018-2022, “Pacto por Colombia”.  Se trata de un acuerdo empresarial que desconoce la participación ciudadana e impone una economía sin límites, es decir, vía libre a los proyectos extractivos minero energéticos y agronegocios, que serán amparados con la “militarización de la gestión ambiental y territorial”, como respuesta a la organización y movilización social de las comunidades que a través de mecanismos de participación como las Consultas Populares y Acuerdos Municipales vienen prohibiendo represas, fracking, minería a gran escala para proteger el Patrimonio Ecológico y Cultural de los municipios.

La naturaleza es presentada como un “activo estratégico del país” que será protegida por militares y policías, complementada con “ingenieros militares” y “empresas del sector”, negando su carácter de Binen Natural Común que debe ser reconocida como sujeto de derechos y cuya protección ecológica corresponde a las comunidades organizadas, como componente de una política pública ambiental.

El Plan no se refiere a la protección ecológica, sino a reemplazar los denominados “extractivismos ilegales” por los legales otorgados por el Estado a las corporaciones privadas nacionales y transnacionales. Es decir, se trata de la apropiación de los excedentes económicos que genera la naturaleza. 

Lo novedoso del Plan es  la incorporación, como parte de la “seguridad”, de la dimensión ambiental, enfocada en el agua, la biodiversidad y el resto del ambiente, considerándolos un “activo estratégico”, término proveniente del mundo empresarial. O sea,  que se trata de reprimir a las organizaciones ambientales y de derechos humanos que se oponen al control corporativo de los territorios por las empresas transnacionales y que luchan por la Autonomía y el Poder territorial.

Las consecuencias son graves. Por un lado, incluir las cuestiones ambientales en el ámbito de la seguridad, en un país asediado por la violencia, significa militarizarla. Por otro lado, reducir el ambiente a un activo o simple mercancía, equivale a incrementar dramáticamente la destrucción de la Naturaleza.  

Esta nueva “seguridad ambiental” aparece en la sección titulada “Seguridad, autoridad y orden para la libertad: Defensa Nacional, seguridad ciudadana y colaboración ciudadana”. Allí se enumeran diversos objetivos, entre otros, el control territorial y las medidas en seguridad y defensa nacional de esos “activos” que estarán a manos de una fuerza de “Protección Integral Ambiental” conformada por fuerzas militares y policías, coordinando con la fiscalía y autoridades ambientales, para consolidar la militarización de la gestión ambiental.

La militarización ambiental está protegida por la “dictadura constitucional” de la Corte que mediante Sentencia SU 095 de octubre de 2018 determinó que las consultas populares no son el mecanismo idóneo para prohibir las actividades extractivas y la declaratoria de inexequibilidad del artículo 33 de la ley 136 de 1994 que disponía que los proyectos que generasen cambios significativos en el uso del suelo como la minería, explotación petrolera (fracking), represas, debían ser objeto de una consulta popular.

Con estas decisiones la Corte desconoce derechos fundamentales de las comunidades como la de decidir sus proyectos de vida y la autonomía territorial, como garantía para la imposición de las actividades extractivas como el fracking, ahora que una comisión de expertos designada por el gobierno, le recomienda “iniciar pilotos integrales de exploración mediante esta técnica” para incrementar el volumen de explotación petrolera, contra toda evidencia de destrucción ecológica y afectación a la salud humana.

Con la militarización del ambiente y la dictadura constitucional se aumentarán los “batallones energéticos” y la “red de informantes” para proteger los proyectos extractivos de las transnacionales. Estas decisiones, parecen responder a la estrategia diseñada por el almirante Arthur ‎Cebrowski, zar de la transformación de la Defensa de EUA quien participó en la elaboración de una doctrina de la ‎guerra en red (Network-centric warfare)”, según la cual  “Estados Unidos debe tomar el control de los recursos naturales de ‎la mitad del mundo, no para utilizarlos para sí mismo sino para estar en posición de decidir quién ‎podrá utilizarlos. Para lograr ese objetivo, tendrá que destruir en esas regiones cualquier poder ‎político que no sea el de Estados Unidos y acabar con las estructuras mismas de los Estados en ‎los países existentes en esas regiones”.

Corresponde a las organizaciones sociales lograr su articulación y acordar nuevas estrategias para enfrentar la política de militarización de la naturaleza y defender la Vida, los Territorios y la democracia. ‎