¿Cómplices anticorruptos?

Hasta ahora el Contralor Edgardo Maya Villazón aparece revelando que el “desangre de la corrupción” puede llegar a 50 billones por año, como si se tratara de un gran descubrimiento y la entidad que dirige como la auténtica protectora del Patrimonio Nacional.

Cabe recordar que el escándalo del pago de sobornos por 11.2 millones de dólares de la multinacional Odebrecht lo reveló el Departamento de Justicia de los EUA para la adjudicación del contrato de Ruta del Sol II y otros negocios que según el fiscal corporativo Nestor Humberto Martínez “descubrió” tardíamente que “la cifra de sobornos pagados por la compañía brasilera en Colombia no fue de 21 mil millones de pesos como se dijo inicialmente, sino de 84 mil millones de pesos”. 

Tanto el Contralor como el Fiscal han sido cómplices al mantener silencio frente a las pérdidas causadas por las concesiones de Proyectos Minero Energéticos a empresas transnacionales a nombre de la “confianza inversionista” y “la seguridad jurídica”.

La SillaVacía informó que  en los ocho años que gobernó el ex presidente Avaro Uribe “la superficie de hectáreas con título minero pasó de 1,13 millones a 8,53 millones”. De los 8.000 proyectos mineros concesionados durante ese periodo, el economista  Guillermo Rudas, denunció que  “según datos del Ministerio de Hacienda y el Banco de la República, el gobierno dejó de recibir 3.5 billones de pesos por regalías en el último año. Dinero que se quedó en las cajas de las empresas mineras”.

Desde el 2013 se denunció “la feria billonaria del Cargo por Confiabilidad”, seguro que pagaron los usuarios, adicionales al costo de la energía, por el valor de  15 billones de pesos que se apropiaron las empresas hidroeléctricas. Para el 2016 la cifra se calculó en 24 billones al mismo tiempo que se reveló tardiamente que  la Refinería de Cartagena (Reficar) le costó al Estado un poco más de US ocho mil millones cuando el presupuesto inicial era US cuatro mil millones.

La Contralora Sandra Morelli, por presión de Asoquimbo, informó de apertura de proceso de responsabilidad fiscal ante la Contraloría Delegada para investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva mediante oficio 2012IE52195 del 27 de agosto de 2012 ante un presunto daño patrimonial, estimado en poco más de 350 mil 644 millones de pesos por la pérdida de la productividad marginal de la tierra como consecuencia de la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo. La Fiscalia 35 de Bogotá, Noticia Criminal No. 410016000584201200105, aún no se ha pronunciado sobre quienes son los responsables del delito de “Daños en recursos Naturales” causados por el PHEQ. Tampoco la Contraloría ha respondido al Derecho de Petición de Asoquimbo donde se le solicita actualizar la cuantificación de los daños proyectados a 50 años.

Los ciudadanos tienen derecho a conocer las razones por las cuales los mencionados entes de control y de fiscalización no se han pronunciado frente a la inocultable corrupción por la adjudicación de contratos de concesión minero energética a transnacionales.

No es ético denunciar la corrupción cuando se es cómplice con la misma y más grave aún cuando compromete a funcionarios que deben proteger el patrimonio y sancionar a los corruptos.